Por: JAVIER GONZALEZ – OLAECHEA FRANCO*
Artículo del Periódico Digital LA SELVA, replicado del diario El Comercio, Lima, Perú el jueves 11 de mayo del 2023.
“RESPETADA OPINIÓN”
Todas, subrayo, todas las circunstancias de las muertes y demás víctimas deben investigarse, individualizarse y debe sancionarse a los responsables según la ley.
Dicho esto, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –leído tres veces– no es un pronunciamiento jurídico, es un recuento selectivo e impregnado de apreciaciones políticas.
A modo de introito y so pretexto de evaluar la violencia vivida entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023, el documento se extralimita en todo cuanto puede. Denomina “conflicto armado interno” y no “terrorismo” a lo vivido por nosotros. Según la CIDH, estigmatizamos cuando –conforme a nuestras leyes– llamamos “terroristas” a terroristas.
El informe califica nuestra economía, pontifica sobre cómo debemos gobernarnos, cómo deben relacionarse nuestros poderes públicos, sobre qué debe o no legislar nuestro Congreso. Lo mismo hace con el Tribunal Constitucional.
Si esto no es una inaceptable violación a nuestra soberanía política, ¿qué es? ¿Agüita de coco? No lo creo. Más bien es tinta rojiza desbordante del tintero de sus escribidores.
Ahora bien, menciona el golpe de Estado de Pedro Castillo y reconoce la sucesión constitucional, pero el lenguaje y el tenor del recuento incluye u omite tendenciosas correlaciones.
Por ejemplo, y esto resulta fundamental, no menciona que las protestas estaban prohibidas desde que el Gobierno declaró el estado de emergencia –el 15 de diciembre pasado– para restablecer el orden y la paz social violentados.
La CIDH viola el principio de inocencia de los uniformados cuando afirma: “hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que […], al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
La CIDH elude tendenciosamente el castellano. Según el diccionario de la RAE, una “ejecución extrajudicial”, “sumaria” o “arbitraria” es “el acto de matar deliberadamente a una persona al margen de cualquier marco jurídico”. ¿Puede “afirmar” que hubo ejecuciones extrajudiciales? No.
Según el mismo diccionario, “masacre” es una “matanza conjunta de muchas personas, por lo general indefensas”. ¿Hubo matanza conjunta? Groseramente falso. ¿Personas indefensas? Calificación colapsada de falsedad.
De los 912 heridos reportados, 580 son uniformados. Esto representa al 63%. Curioso, son más los heridos “represores” que los indefensos manifestantes.
Todos vimos cómo violaban los cercos, incendiaban aeropuertos, comisarías, fiscalías, fábricas y hasta una tanqueta militar. Todos vimos cómo atacaban indiscriminadamente con palos, bombas molotov, piedras y adoquines.
También observamos cómo mujeres con criaturas a cuestas –atentando contra sus vidas e integridad física y emocional, delito flagrante– corrían hacia la policía aventándoles piedras con huaracas.
La CIDH no manifiesta ningún respeto por los militares que murieron ahogados evitando a la turba que los perseguía. ¿Y sobre el policía asesinado –que prefirió los cacareados estándares de la CIDH en vez de disparar– y después quemado? Afirma con impune desenfado: “un agente policial cuyo cuerpo, según la información recibida, apareció quemado”. ¿Apareció quemado? Estos maltratos que singularizo se codean con los más bajos instintos.
Las víctimas civiles tienen nombre y apellido. También eran sustento de su familia y un estudiante era rescatista de animales abandonados; como si por ello fueran más humanos que los 580 uniformados heridos arrebatados de identidad.
Los comisionados solo recibieron a los familiares de las víctimas civiles reportando contusiones, coágulos y más. No les preguntaron nada a los familiares de los uniformados asesinados o heridos.
El informe sostiene que “estas graves violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas […] con un enfoque étnico-racial”. Entonces, para resistir a los violentos, ¿deben ser antes identificados quienes se autoperciben como indígenas originarios?
En esa línea, el recuento selectivo sostiene que el Estado ejerció una violencia indiscriminada contra comunidades indígenas y campesinas. ¿Aló, Castillo?
La hermandad de la CIDH abortó la oportunidad de ser honesta y veraz, demostrando cuán inútil y tendenciosa puede llegar a ser.
Apreciado lector, si los honorables comisionados hubieran visitado nuestras casas y encontrado una historia del ‘apartheid’ seríamos tildados de racistas. Mejor hay que ponerle llave, pero ¿al informe o a nuestras casas? Escoja usted.
*PhD en Ciencia Política, experto en gobierno e internacionalista.
Iquitos, 12 de mayo del 2023
